…La Suprema Corte no es la última instancia, pues la interpretación final de la Constitución remite al Poder Legislativo
…Necesario un Tribunal Constitucional del Estado Mexicano fuera del Poder Judicial
…Urge cambios porque ahora está al servicio de una élite y no de los mexicanos, que adolecen de una justicia pronta y expedita
…Se debe preparar y certificar a futuros abogados, pues en la actualidad menos del 11 por ciento de los egresados cuentan con programas educativos certificados
Tras reconocer que la Reforma al Poder Judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador no resolverá sus problemas de fondo “porque es un muy chiquita”, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, advirtió sin embargo que de no aprobarse este proyecto que propone su democratización “va a ser imposible que empiecen a solucionarse, y se corre el riesgo que siga al servicio de una élite y no del pueblo mexicano”.
Al participar en la Asamblea Informativa “Reforma al Poder Judicial del Estado”, organizado por legisladores federales electos de Morena, encabezados por el senador Aníbal Ostoa Ortega, y a la que concurrieron de invitados los titulares de los tres poderes del estado presididos por la Gobernadora Layda Sansores San Román, la ministra resaltó la importancia de socializar la justicia y que se deje de priorizar en sus resoluciones los intereses empresariales por encima de las demandas sociales.
Ante estudiantes de derecho, académicos, abogados, funcionarios públicos y ciudadanos interesados en el tema, la también candidata a doctora por la Universidad de México insistió en que una condición muy importante para que se resuelvan es avanzar con su democratización “que es la única forma en la que el pueblo mexicano puede recuperarlo por primera vez en su historia, y ponerlo a su servicio”.
En amplia explicación con la ponencia “La Reforma al Poder Judicial de la Federación y su impacto Social”, reconoció que es un poder muy poco conocido, y en que el 82 por ciento de los mexicanos piensan que es injusto el acceso a la justicia, 73 por ciento cree que no todas las personas son iguales ante la ley de acuerdo al Latino Barómetro 2023; incluso el Inegi documenta que el 39 por ciento de los mexicanos tiene algo o mucha de desconfianza de los jueces y el 66 por ciento cree que los jueces son corruptos.
JUSTICIA LENTA, ONEROSA, CLASISTA, RACISTA, PARCIAL
Batres lamentó que el Poder Judicial queda a deber mucho a los mexicanos y de ello da cuenta el Proyecto de Justicia Mundial, que analiza cada año el estado de derecho de 142 países en el mundo y que nos coloca en el sitio 116 en 2023, y en algunos otros indicadores es peor la calificación que nos da particularmente en la inequidad de la investigación en que estamos en el 140, en trato discriminatorio y desigual en el 138, en el acceso a la justicia en Tribunales Civiles en el 135, en la eficacia y rapidez de procedimientos penales en el lugar 132.
Denunció que la justicia en México es cara, elitista, desgastante, además que suele humillar a quien acude a ella, es lenta, inaccesible “y podríamos decir que en el 99.99 por ciento de los casos inentendible, y tiene fuertes sesgos clasistas, racistas, sexistas, mucha corrupción y altísima parcialidad”.
El Poder Judicial, explicó, es oneroso y elitista en su resolución y constantemente invade las facultades del Poder Legislativo y Ejecutivo, es insensible ante los problemas sociales y suele ser abusivo.
Detalló que al año cuesta 78 mil 326 millones de pesos, de ellos cinco mil 700 la Suprema Corte, 68 mil 700 el Consejo de la Judicatura Federal que son los Tribunales Colegiados de Distrito y los Juzgados de Distrito y el Tribunal Electoral nos cuesta tres mil millones de pesos, lo que es equivalente a siete secretarias de estado entre estas Hacienda, Economía, Trabajo y Previsión Social, Sedatu, Turismo, Función Pública y los Tribunales Agrarios.
Es caro comparado con otros países y ejemplificó que la Corte de los Estados Unidos el año pasado costó el 37 por ciento de la Suprema Corte, la de España 13 por ciento, la de Canadá el 15 por ciento, el Tribunal Constitucional de Alemania 14 por ciento y los Tribunales de Colombia y Perú, respectivamente, el tres por ciento de lo que nos cuesta a nosotros la Suprema Corte.
Esto porque un ministro cobra más de tres veces el salario del Presidente, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 127, fracción segunda, que establece el salario que devenga actualmente, y que de aplicarse significaría un ahorro de dos mil 611 millones de pesos.
Además, no cumple con la paridad de género, como sí lo hacen ya el Ejecutivo y el Legislativo; hay nepotismo extremo y el 49 por ciento tiene al menos dos familias y el 23.8 más de cuatro familiares, llegando a extremos como el de que una sola familia tenga más de 63 parientes trabajando.
Hay un manejo discrecional para castigar el actuar de los jueces desde 1995 en que se creó el Consejo de la Judicatura, que el año pasado recibió diez mil quejas contra juzgadores y sólo había abierto 14 expedientes; y uno de sus abusos más constantes es que sobrepasa sus facultades constitucionales como fue el caso de la suspensión de la entrega de libros de texto gratuitos o la aplicación de la reforma eléctrica, y que le hace invocar leyes abrogadas, por lo que actualmente lleva 17 “leyes revividas”, por lo que se creció en un 600 por ciento las sentencias que invalidaron leyes por vicios al proceso legislativo, y por lo que en el sexenio actual se tienen 78, en el pasado 20, con Calderón siete, con Fox tres y de 1995 a 2000 ninguna.
Lamentó que privilegie la resolución de demandas empresariales por encima de las sociales, considerando igual una infamia que se difunda que se atenta contra la seguridad de los trabajadores judiciales, resaltando que la elección de jueces y magistrados no es una cuestión nueva y onerosa, pues países europeos, Estados Unidos e incluso Japón la realizan desde mucho tiempo atrás, y tan solo en la Unión Americana en 43 de 50 estados lo aplican.
HASTA SUS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS
El jurista Álvaro Arceo Corcuera planteó que esta reforma debe llegar hasta sus últimas consecuencias, y todos debemos apoyarlas, abogados o no, recordando diversas anécdotas que evidenciaban que la Suprema Corte de Justicia está a la orden de poderes empresariales y una prueba de ello se tuvo en el caso del Encino, con que la élite y el presidente Fox quisieron encarcelar al actual mandatario López Obrador.
Los magistrados siempre operan en favor de intereses millonarios y otra prueba se tiene en problemas limítrofes como el de Campeche con Yucatán y Quintana Roo, en que se intentó quitar 11 mil kilómetros, y en donde no era un asunto del pueblo quintanarroense sino de empresarios que querían despojar a los que no se podían defender.
Otro aberrante ejemplo fue el del anatocismo –el cobro de intereses sobre intereses que hizo las deudas impagables– y en que la Corte lo que tenía que hacer era aplicar el Código vigente en el entonces DF y no lo hizo por los intereses del gran capital que protegía.
Urgió por ello a la creación del Tribunal Constitucional del Estado Mexicano fuera del Poder Judicial, que planteó desde hace seis años y cuyo proyecto entregó a la ministra Batres. Se tiene que acotar a la Corte Suprema que no lo es porque la propia Constitución remite al Poder Legislativo como última instancia revisora de la ley.
Hay que desaparecer a este Vaticano laico, que se sienten obispos de la Constitución, que se creen sus únicos interpretes “y después de mí el biyuyo, que diga el diluvio”, ironizó al recordar que desde hace siete años se encontraba en retiro y resaltar que les encanta eso de Suprema, de creerse superior, pero con el Tribunal Constitucional se acabaría y obligaría a que cada norma publicada lleve su exposición de motivo.
En el foro realizado en el Centro de Convenciones Campeche XXI y moderado por el exdiputado Carlos Martínez Aké, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, José Antonio Cabrera Miss, reconoció que hay resistencia de funcionarios judiciales, por lo que no será una tarea fácil, pues están inmersos en una tradición y metodología, y cambiar un sistema requiere de participación y tiempo.
Lo que se busca es mejorar la impartición de justicia, algo que es necesario hoy por hoy ante la falta de confianza de la ciudadanía ante las instituciones impartidoras de justicia.
El director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Campeche, Pedro Manuel Góngora Guerrero, consideró positivo el que se permita la participación de jóvenes egresados de derecho, sin embargo, pidió que se contemple la certificación de los planteles.
Argumentó que en su informe anual 2022-2023, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho (CEEAD) notificó que el país cuenta con dos mil 553 instituciones de educación superior, con autorización para impartir la licenciatura en derecho; pero solo el 10.85 por ciento tienen programas educativos certificados, es decir, los abogados pueden egresar de instituciones que no tengan las bases educativas necesarias para dotar a su alumnado de los elementos profesionales.
En este sentido, agregó, será importante que la iniciativa Constitucional de Reforma al Poder Judicial, de manera paralela, aborde otras reformas en temas relacionados a la preparación de los jóvenes abogados de México, pudiendo ser estas en materia de educación para contar, las escuelas y facultades de derecho, con programas educativos de calidad y con las respectivas acreditaciones.
En este sentido, bien pudieran considerarse dos certificaciones, que no representen una carga adicional al alumnado, pero sí una garantía de que los centros educativos les brindarán las herramientas suficientes para el ejercicio de su profesión y esto redundará en un beneficio a la población que requiere de los servicios de la abogacía.
De su lado José Juan Lazo Reyes, presidente de la Barra de Abogados en Derecho, consideró que la justicia que no es expedita no es justicia y lamentó la lentitud en su aplicación, recordando que este alargamiento de los procesos judiciales provoca cansancio en el pueblo, impunidad y encarecimiento de los costos. Al respecto, expuso que la reforma debe garantizar una justicia pronta y expedita, pues sin ello difícilmente habrá una reconciliación entre el pueblo y las instituciones judiciales.
Para el ex auditor superior del Estado, Xavier Hernández Hernández, después del dos junio atrás quedó el deseo de regresar a la dictadura perfecta y el neoliberalismo. El gran problema del Poder Judicial es que no ha sabido comunicar su labor y menos socializarla, quedando como un asunto de unos cuantos. Deben tenerse resoluciones entendibles que eviten alargar las controversias.
Resaltó que en México la ciudadanía sí sabe votar y por quién, y pasar de un modelo mercantilista y de gran capital al de intereses y bienestar social, por lo que se debe socializar la justicia y adaptar las leyes a nuestra realidad, pues el pueblo ahora exige una justicia pronta y expedita; por lo que no hay miedo a la reforma que es una oportunidad al ciudadano común de optar por una justicia social y que la justicia no siga sirviendo a las élites.
